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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó un viaje a Latinoamérica esta semana, durante el cual visitó a gobiernos aliados de derecha en Colombia, Ecuador y Perú. La agenda se centró en temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, acuerdos comerciales y los esfuerzos de la administración Trump para contrarrestar lo que percibe como la creciente amenaza de la inversión china en la región. Aunque en gran parte se trató de una “vuelta de victoria”, dado que sus aliados conservadores se están extendiendo por toda la región, bajo la superficie persisten tensiones y contradicciones, pues las políticas represivas de la actual administración amenazan con provocar una reacción adversa.

Rubio comenzó su viaje el martes en Colombia, donde se reunió con el nuevo líder de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. De la Espriella, que es también ciudadano estadounidense, es un adulador de Trump que ha profundizado rápidamente los lazos políticos, militares y económicos con Estados Unidos. Además de prometer relaciones más sólidas en materia de seguridad, ambas partes firmaron, según algunos informes, acuerdos relacionados con la cooperación nuclear civil y el suministro de minerales, este último un objetivo clave de la administración de Trump. Estas cálidas relaciones suponen un gran cambio respecto a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Gustavo Petro, quien chocó abierta y frecuentemente con Trump en asuntos como el genocidio cometido por Israel en Gaza, el tráfico de drogas y los ataques contra embarcaciones en la región. Durante su discurso, Rubio lamentó que se hubiera creado una "distancia antinatural" entre los dos países, pero prometió marcar el inicio de una "nueva etapa" de cooperación, un sentimiento expresado también por De la Espriella.

El miércoles, Rubio viajó a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa, otro aliado clave. Rubio describió a Noboa como el "socio más comprometido y agresivo" de la administración de Trump en su campaña "antinarcóticos" regional, la que ha dado lugar a ataques contra civiles ecuatorianos tanto en tierra como en el mar, los cuales Noboa ha defendido. Durante los días previos a la visita, Estados Unidos lanzó más ataques contra barcos pesqueros frente a las costas de Ecuador, incluyendo embarcaciones pesqueras más grandes a las que acusó de suministrar combustible a los narcotraficantes, una nueva táctica que carece de pruebas y de debido proceso. Durante su intervención, Rubio defendió los ataques, afirmando que los grupos criminales “se comerían vivos a estos países” de no ser controlados. Aunque parecía apuntar a una nueva etapa de cooperación entre países aliados que se ajustara a la legislación local, también prometió que las Fuerzas Armadas de EE. UU. se reservaban el derecho de “seguir destruyendo barcos”. Horas más tarde, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque en el que murieron tres presuntos "narcoterroristas", una designación que Estados Unidos también dijo que comenzaría a aplicar al grupo criminal ecuatoriano Los Tiguerones.

Rubio también anunció que la administración de Trump buscaría otorgar 45 millones de dólares en fondos adicionales para seguridad en Ecuador, nuevos buques interceptores y una nueva iniciativa de 10 millones de dólares dedicada a combatir la minería ilegal. Sin embargo, aunque uno de los objetivos clave era presionar a sus aliados para que cortaran lazos con China, la administración de Trump no logró ningún compromiso. Hace unas semanas, Noboa realizó una visita de Estado oficial a China para profundizar los lazos comerciales, y Rubio no mencionó a China en sus declaraciones.

Las afirmaciones de la administración de Trump sobre el peligro que representa la presencia china en la región para la seguridad de Estados Unidos no deben tomarse en serio. Aun así, “el fantasma de China” estuvo presente en la visita de Rubio a Perú, su última parada en la gira. Durante su reunión con la presidenta Keiko Fujimori el jueves, varios periodistas le preguntaron a Rubio sobre la creciente influencia de China, a lo que él respondió que “lo que ocurre en la [región] tiene un impacto directo en Estados Unidos”. Sin embargo, no mencionó el puerto de Chancay, un mega proyecto financiado por China que provocó gran indignación en la administración de Trump. En cambio, se refirió a nuevos acuerdos de seguridad con el país, aunque no dio detalles específicos. Por su parte, Fujimori anunció que Perú se uniría al Escudo de las Américas, aunque hizo hincapié en que el comercio con China continuaría.

Durante la visita de Rubio hubo momentos en los que se percibió un creciente malestar que podía seguir aumentando. Por ejemplo, el hecho de que Rubio buscara firmar nuevos acuerdos comerciales demostró las tensiones generadas por la innecesaria guerra comercial de Estados Unidos, que ha elevado los aranceles sobre los productos de toda la región. En Colombia y Ecuador, Rubio también fue interrogado por la prensa sobre el reciente acuerdo petrolero del gobierno con Venezuela, cuyo carácter abiertamente neocolonial ha irritado a muchos en la región. Iván Cepeda, líder de la oposición colombiana y reciente candidato presidencial, resumió perfectamente este descontento en redes sociales, al comparar la visita de Rubio con la de un funcionario colonial español y lamentar que la entrega de recursos nacionales se hiciera pasar por “cooperación económica” y la intervención militar por “seguridad regional”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBIÉN EN LA REGIÓN 

  • TPS PARA SALVADOREÑOS—El Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 200 000 salvadoreños en Estados Unidos sigue en el aire, después de que el gobierno de Trump dejara pasar un plazo crucial sin emitir una decisión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que haría un anuncio “en el momento oportuno”, y precisó que, por ahora, los salvadoreños conservan las protecciones del TPS. La falta de certeza generó gran inquietud en las comunidades salvadoreñas de todo el país, en las que muchas personas han vivido durante décadas bajo el estatus del TPS, creado en 1990. En aquel entonces, los salvadoreños huían de la brutal guerra civil de su país. Más adelante, muchos más recibieron el TPS tras los desastrosos terremotos de 2001. Desde que asumió el poder, Trump ha tomado medidas para acabar con el TPS para al menos 13 de los 17 países beneficiarios, una política respaldada por un reciente fallo de la Corte Suprema que otorga al ejecutivo el poder de retirar las protecciones del TPS. Muchos salvadoreños creían que la estrecha relación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Trump protegería el TPS, aunque Bukele no ha hecho un esfuerzo público para salvar el programa y sus afirmaciones de que ha resuelto los problemas de El Salvador han llevado a la administración de Trump a considerar al país como seguro, lo que podría servir como justificación para revocar el estatus de protección.

  • CRISIS EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL—La crisis en el Tribunal Supremo de Brasil sigue agravándose. El conflicto estalló la semana pasada cuando el juez André Mendonça —un conservador nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro— publicó documentos en los que se acusa a su colega Alexandre de Moraes de tener vínculos con el desprestigiado empresario bancario Daniel Vorcaro. De Moraes, quien se volvió una figura reconocida tras liderar el juicio contra el expresidente Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, fue presionado para que renunciara después de que se revelara que se había comunicado en privado con Vorcaro en numerosas ocasiones justo antes de su arresto. En respuesta, De Moraes acusó a Mendonça de violar el protocolo al reunirse a solas con Vorcaro y exigió que se iniciara un proceso de destitución contra él, un cargo al que el propio De Moraes podría enfrentarse. Mendónca intensificó sus ataques el martes al destituir al jefe de la policía federal del país y al jefe de inteligencia, una decisión que fue rápidamente revocada por otro juez. El centro de la crisis es el escándalo de fraude bancario conocido como “Banco Master”, que ha involucrado a políticos de todos los sectores mientras el país se prepara para las elecciones de octubre, y se ha convertido en un tema central en otra reñida contienda por el poder.

 
 
 
  • LAS TENSIONES EN TORNO A LAS ISLAS MALVINAS SE INTENSIFICAN—El presidente de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, anunció esta semana una serie de demandas y sanciones contra personas naturales y jurídicas involucradas en operaciones alrededor de las Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que ha estado bajo control del Reino Unido desde hace años. Argentina sostiene que las Islas Malvinas, conocidas en inglés como las Islas Falkland, le pertenecen. El estatus de las islas volvió a los titulares cuando la selección de fútbol del país exhibió consignas nacionalistas tras su victoria contra Inglaterra en la Copa del Mundo, una acción que fue sancionada por la FIFA. Recientemente, Milei ha intentado aprovechar las tensiones entre Estados Unidos y el Reino Unido para lograr que la administración de Trump se aleje de su tradicional postura de neutralidad, una estrategia que ha mostrado algunos resultados. Esta semana, Milei anunció sanciones contra entidades que operan en las cercanías de las Islas, incluida una empresa israelí que lidera un proyecto de extracción de petróleo en la zona. Irónicamente, miembros del gobierno israelí se han posicionado firmemente del lado de Argentina, un aliado cercano, en la disputa. Su llamado a poner fin a la “ocupación” británica se produjo después de que el Reino Unido tomara algunas medidas modestas para sancionar la ocupación ilegal de Israel en Cisjordania.

  • ¿REPARACIONES POR LA ESCLAVITUD?—El lunes, una delegación encabezada por la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, viajó al Palacio de Buckingham para entregarle al rey Carlos una petición en la que se solicitaba a la monarquía británica considerar seriamente la posibilidad de otorgar reparaciones por la esclavitud a la que fue sometido su pueblo. La delegación le pidió a Carlos, quien es formalmente el jefe de Estado de Jamaica, que utilizara su autoridad para remitir las cuestiones sobre la legalidad de la esclavitud al consejo judicial del Reino Unido, una medida que los representantes esperaban que le diera al "pueblo de Jamaica" una "audiencia justa en los tribunales británicos". La petición es una nueva táctica de los países de la Mancomunidad de Naciones que buscan reparaciones. Sin embargo, el rey Carlos no se reunió con la delegación y los representantes del primer ministro Andy Burnham afirmaron que el Reino Unido "no pagará reparaciones". Según los expertos, al menos 12,5 millones de africanos fueron secuestrados y vendidos como esclavos en las Américas entre los siglos XV y XIX; más de un millón fueron trasladados a la fuerza a Jamaica entre el siglo XVII y principios del XIX. El movimiento a favor de las reparaciones ha ido creciendo. Hace unas semanas, un comité de las Naciones Unidas afirmó que los países deberían estar legalmente obligados a considerar las reparaciones y otras medidas por el daño causado por la trata transatlántica de esclavos.

 
 
 
 

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